El abogado penalista es aquel profesional que se especializa en los delitos y penas que regula el derecho penal.

El abogado penal trabaja principalmente con el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero regula todos los delitos y sus penas, principalmente. El segundo regula las normas de cada procedimiento penal en sede judicial, como parte del derecho procesal penal.

Principales actuaciones que realiza un abogado penalista:

  • Confección de denuncia y querella criminal
  • Asistencia al detenido en comisaría
  • Acusación particular y defensa penal judicial
  • Recursos contra autos y sentencias penales

Algunos delitos sobre las que trabaja un abogado experto en derecho penal:

  • Alcoholemia, exceso de velocidad y conducción temeraria
  • Lesiones, homicidio y asesinato
  • Tráfico de drogas y sustancias estupefacientes
  • Hurto y robo
  • Injurias y calumnias
  • Estafa
  • Allanamiento de morada y usurpación
  • Delitos informáticos y ciberdelitos
  • Amenaza y coacción

¿Los abogados penalistas son de abogados de oficio?

Todo abogado experto en derecho penal puede estar inscrito o no en el turno de oficio de su Colegio de Abogados. Si no se inscribe, solamente llevará casos penales de manera privada, abonando los clientes sus honorarios.

Un abogado penalista del turno de oficio, recibe designas, telefonemas y realiza guardias por requerimiento de su Colegio de Abogados en colaboración con el Ministerio de Justícia.

El abogado de oficio no puede elegirse por el cliente, se nombra aleatoriamente entre todos aquellos profesionales inscritos en el turno de oficio penal.

¿Tengo derecho a justicia gratuita con un abogado de oficio?

Debe dejarse claro, que nada tiene que ver la asignación a un caso de un abogado de oficio, con que el mismo sea gratuito, ya que para que ello sea así, deben asignar y aprobar al cliente la justícia gratuita.

Cuando se designa un abogado de oficio sin justicia gratuita, éste minuta y cobra según el baremo de criterios orientativos de honorarios del colegio de abogados.

Si un cliente recibe justicia gratuita, el abogado de oficio cobra de la Administración. Si por el contrario le deniegan la mima, se factura directamente al cliente.

Es importante determinar si se tiene derecho a la justicia gratuita o no, para poder optar por un abogado privado a elección del cliente, o un abogado de oficio cuyo coste corra a cargo de la administración por tener concedida la justicia gratuita. Si ésta no se concede, se designaría un abogado de oficio aleatorio, sin poder pactar o negociar precios.


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