Qué es el lawfare

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Introducción sobre qué es el lawfare

El término «lawfare» surge de la combinación de «law» (ley) y «warfare» (guerra), refiriéndose al uso del sistema legal con fines políticos o ideológicos, convirtiendo los tribunales en un campo de batalla.

En esencia, implica la manipulación del derecho para alcanzar objetivos que van más allá del ámbito jurídico, como debilitar a adversarios políticos o socavar movimientos sociales.

Definición y origen del Lawfare

El concepto de lawfare, como guerra judicial, adquiere relevancia en el ámbito académico y político en la última década del siglo XX. Se atribuye al jurista y teórico político estadounidense Charles Dunlap, quien lo acuñó en 2001 en el contexto de las estrategias legales adoptadas por Estados Unidos en conflictos militares, especialmente contra el terrorismo internacional.

Sin embargo, el término trasciende el ámbito militar para abarcar cualquier situación en la que se utilice el sistema legal como arma política. Se populariza especialmente en América Latina, donde ha sido aplicado en diferentes contextos políticos y sociales, y en los últimos años ha tenido una relevancia notoria en España.

Características del Lawfare

El lawfare se caracteriza por su enfoque estratégico y multifacético. Sus características más destacables son las siguientes:

  • Instrumentalización del Derecho: Implica el uso selectivo y manipulativo de la ley y los procesos judiciales para lograr objetivos políticos o ideológicos específicos.
  • Deslegitimación del adversario: Una de las estrategias centrales es desacreditar al oponente, utilizando acusaciones legales o procesos judiciales para sembrar dudas sobre su integridad o legitimidad.
  • Uso de recursos legales como arma: Se recurre a demandas, investigaciones y procesos judiciales como herramientas para hostigar, intimidar o debilitar al adversario, sin necesariamente buscar un fallo judicial favorable.
  • Manipulación mediática: Utiliza frecuentemente de una campaña mediática destinada a amplificar las acusaciones o investigaciones, influyendo en la opinión pública y generando presión sobre los actores involucrados.
  • Prolongación y complejización de los procesos: Busca alargar y complicar los procedimientos legales para agotar los recursos y la energía del adversario, generando un desgaste tanto económico como emocional.

Estrategias comunes del Lawfare

Las estrategias utilizadas en el lawfare pueden variar según el contexto político y legal.

Habitualmente se centra en una judicialización de la política. Esta consiste en llevar disputas políticas al ámbito judicial, con investigaciones de oficio, demandas, denuncias o querellas criminales. Con ello se busca desestabilizar a los adversarios o neutralizar movimientos opositores. Debemos tener en cuenta que la persecución judicial se hace de manera selectiva sobre ciertos individuos o grupos, mientras se ignoran o protegen otros. Esto también responde a la finalidad de socavar la credibilidad de los adversarios políticos o ideológicos.

En ocasiones para poder sustentar las investigaciones institucionales o acciones judiciales se utiliza la ambigüedad legal de algunas leyes o se interpretan las mismas de manera errónea, justificando así el procesamiento de políticos, activistas o periodistas. De hecho, el hostigamiento legal basado en la interposición reiterada de acciones legales, judiciales y policiales repetidas, puede ser un pilar esencial para acosar y desestabilizar a los adversarios.

En algunos casos también hemos conocido como estrategia la utilización de la extradición con fines políticos. En estas situaciones se solicita la extradición de individuos con el fin de enjuiciarlos por delitos políticos o de opinión, sin respetar los principios de legalidad o justicia.

Impactos y consecuencias del Lawfare

El lawfare puede tener impactos significativos en múltiples niveles. En primer lugar conlleva un grave deterioro de la democracia. Al socavar la independencia judicial y manipular el sistema legal con fines políticos, debilita los fundamentos democráticos y el Estado de derecho.

A su vez posibilita la polarización social al instrumentalizar la justicia para perseguir a adversarios políticos. Con ello se generan y acentúan las divisiones sociales y políticas, creando un clima de desconfianza y confrontación.

A menudo su utilización exitosa conlleva un efecto disuasorio sobre la participación política. Y es que, el uso del lawfare para castigar o desacreditar personas concretas disuade a otros de participar en la vida pública. Obviamente por temor a represalias legales.

En cualquier caso debemos tener en cuenta que su aplicación conlleva un daño a la reputación y la integridad individual. Esto con independencia de que finalmente dichas personas puedan ser absueltas o amnistiadas. Y es que el abuso del sistema legal para fines políticos merma la confianza en las instituciones democráticas y en la imparcialidad del poder judicial.

Ejemplos de Lawfare en la actualidad

El lawfare ha sido utilizado en diversos contextos políticos y geográficos. Algunos ejemplos recientes incluyen:

  • Brasil: El caso más emblemático es el proceso judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mismo fue condenado por corrupción en un juicio ampliamente cuestionado por motivaciones políticas.
  • Argentina: Se han denunciado casos de lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquí se hizo un uso selectivo de la justicia para perseguir a líderes opositores y activistas sociales.
  • Estados Unidos: Durante la presidencia de Donald Trump, se inició un proceso de destitución en su contra fue utilizado como una herramienta de lawfare por la oposición.
  • Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de utilizar el sistema judicial para reprimir a la oposición política y silenciar a la disidencia. Esto conllevó detenciones arbitrarias y juicios irregulares.
  • Israel: Se ha señalado el uso del lawfare por parte del gobierno israelí para perseguir y criminalizar a activistas y organizaciones que defienden los derechos humanos de los palestinos.

El lawfare en España

En España hay varios ejemplos de guerra judicial, donde se ha utilizado el sistema legal con fines políticos o ideológicos:

  • Caso del Procés y el referéndum catalán: El proceso independentista en Cataluña y el referéndum de autodeterminación de octubre de 2017 con la judicialización de este conflicto, y la persecución judicial de líderes independentistas.
  • Caso del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: Durante su mandato como vicepresidente del Gobierno español, se enfrentó varias acusaciones y procesos judiciales que algunos sectores políticos han interpretado como estrategias de lawfare.
  • Investigaciones contra líderes políticos y sociales: En España, se han registrado casos de investigaciones judiciales que han afectado a líderes políticos y sociales, generando debates sobre la imparcialidad del sistema judicial y su posible uso con fines políticos.
  • Caso del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez: En este caso, en 2024 se interpuso una querella criminal por asociaciones de ultraderecha contra la mujer del presidente, Begoña Gómez; basada en recortes periodísticos no contrastados o directamente falsos; hecho que derivó en la retirada temporal del Presidente de la vida pública política para decidir si merecía la pena soportar familiarmente tales ataques judiciales sin sustento real.

Es importante analizar críticamente estos casos y garantizar que el sistema legal se utilice de manera justa y equitativa, preservando los principios democráticos y los derechos humanos.

Conclusiones y reflexiones del lawfare

El lawfare representa una grave amenaza para cualquier estado que se considere mínimamente democrático y de Derecho. Su aplicación conlleva de manera sistemática la vulneración de los principios fundamentales de justicia, igualdad y libertad.
Y es que la implementación de la guerra judicial como herramienta política, revela la fragilidad de las democracias modernas frente a la manipulación y la corrupción. Esto también resalta la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar su independencia y transparencia.


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Publicado el

26/04/2024

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