Los tribunales españoles ya han advertido que usar inteligencia artificial no es el problema: el problema es firmar sin comprobar
La inteligencia artificial ha entrado en los despachos de abogados, en los juzgados y en la forma de preparar escritos. Pero hay una línea roja que ningún profesional puede cruzar: presentar como real una sentencia, una norma o una doctrina que no existe. Cuando eso ocurre, el daño no es solo técnico. Puede afectar al cliente, al procedimiento, a la confianza en la Justicia y a la responsabilidad del abogado.
Dos resoluciones recientes lo explican con una claridad poco habitual. No demonizan la tecnología. Tampoco prohíben usarla. Lo que dicen, en esencia, es mucho más práctico: si un abogado firma un escrito, responde por lo que contiene.
Sumario:
- La IA puede ayudar, pero no sustituir al abogado
- Citas falsas, mala fe procesal y falta de respeto al tribunal
- Responsabilidad civil y penal: dónde puede estar el riesgo real
- Qué hacer antes de presentar un escrito con apoyo de IA
La IA puede ayudar, pero no sustituir al abogado
En los tiempos actuales, el uso de la IA y sus modelos de lenguaje ya es una nueva normalidad. La IA es una potente herramienta que puede ahorrar tiempo y aportar información y/o puntos de vista que sin ella podrían no valorarse. Ahora bien, la IA no tiene responsabilidad profesional, por lo que su uso (bueno o malo) queda bajo supervisión y diligencia de cada persona. Esto incluye a los abogados y en general al conjunto del sector legal y judicial.
El punto de partida es sencillo: la IA puede ser útil para buscar información, ordenar documentos, hacer borradores o localizar jurisprudencia. El Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía recuerda que estas herramientas deben entenderse como “un complemento y no un sustituto del trabajo de un abogado” y que requieren “una especial supervisión humana”.1
La Instrucción 2/2026 del CGPJ utiliza una expresión que ya se ha convertido en clave: “control humano efectivo”. La norma exige que el uso de IA por jueces y magistrados esté sometido a un control “real, consciente y efectivo”, sin que el sistema pueda decidir por sí solo sobre hechos, pruebas o Derecho.2
“La utilización de sistemas de IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional estará siempre sometida a un control humano real, consciente y efectivo”.
Aunque esa Instrucción se dirige a la carrera judicial, su lógica es perfectamente comprensible para cualquier ciudadano: si una máquina ayuda, alguien debe revisar. En la abogacía, ese alguien es el profesional que firma.
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Citas falsas, mala fe procesal y falta de respeto al tribunal
El caso del TSJ de Canarias es especialmente gráfico. El tribunal analizó un recurso con 52 citas. Solo 4 eran correctas. Las demás, según la resolución, habían sido generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial e incorporadas sin revisión. La Sala lo resume así: “las restantes, así como el informe que se atribuye al Consejo General del Poder Judicial, han sido generadas mediante una herramienta de inteligencia generativa con suscripción de pago”.3
La consecuencia fue una multa de 420 euros. Pero lo importante no es solo la cantidad. Lo importante es el razonamiento de fondo: un escrito con citas falsas puede vulnerar la buena fe procesal, conectada con la exigencia general de actuar conforme a la buena fe, y convertirse en una falta de respeto hacia el tribunal.4 5 La propia resolución afirma que, cuando un letrado presenta “un escrito de recurso plagado de citas jurisprudenciales falsas”, está “transgrediendo, sin duda, la buena fe procesal”.
En Galicia, la Sala de lo Social del TSJ detectó otro supuesto llamativo: 24 citas falsas o apócrifas. La sentencia habla de un “ejercicio de libérrima creatividad jurídica” y dice que esas referencias “se hallan extramuros a lo que esta Sala ha conseguido verificar en el CENDOJ: son falsas”.6
“En total, son veinticuatro citas -y sus textos adicionados- las que se desgranan a lo largo del escrito de suplicación”.
Estas frases son duras, pero marcan una advertencia necesaria: no basta con que el argumento suene jurídico. Debe ser verificable.
Responsabilidad civil y penal: dónde puede estar el riesgo real
Desde el punto de vista civil, el riesgo aparece cuando el error perjudica al cliente. Si un recurso se debilita, se inadmite, pierde credibilidad o obliga a actuaciones innecesarias por culpa de citas inventadas, puede abrirse una discusión sobre daños, diligencia profesional y responsabilidad del abogado. El Libro Blanco sobre IA legal es claro al advertir que los despachos de abogados “asumen plena responsabilidad por las deficiencias del servicio prestado, aunque el error derive de un fallo del sistema de IA”.
En el plano procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) permite imponer multas por actuaciones contrarias a la buena fe. En el caso canario, el tribunal recordó que la multa puede oscilar “de ciento ochenta a seis mil euros” y que deben valorarse las circunstancias, los perjuicios causados, la capacidad económica y la reiteración.7
También aparece un ángulo penal si la conducta deja de ser negligente y se acerca a la falsedad consciente, el engaño procesal o la manipulación deliberada. No toda cita falsa es delito. Pero una fabricación intencionada de documentos, pruebas o referencias podría llevar el problema mucho más allá de una sanción disciplinaria. Aquí podríamos llegar a hablar de los delitos de falsedad documental y estafa procesal.8
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Qué hacer antes de presentar un escrito con apoyo de IA
La solución no es dejar de usar tecnología. La solución es usar la IA bajo supervisión como herramienta, y nunca como producto final. Un abogado prudente debería comprobar siempre tres cosas antes de presentar un escrito: que la sentencia o norma existe, que la fecha y el número son correctos, y que el párrafo citado dice realmente lo que se afirma.
También conviene guardar trazabilidad: qué herramienta se usó, qué fuentes se verificaron y qué revisión humana se hizo. Si la IA propone una cita, esa cita debe contrastarse en bases oficiales o jurídicas fiables. El tribunal no tiene por qué asumir el coste de revisar lo que el profesional no comprobó.
La lección final es sencilla: la IA puede acelerar el trabajo jurídico, pero no puede sustituir el criterio, la ética ni la responsabilidad profesional. En Justicia, una cita falsa no es un detalle menor. Puede cambiar la suerte y estrategia de un caso y comprometer la confianza del cliente.
Si un escrito, recurso o actuación judicial se ha visto afectado por el uso negligente de inteligencia artificial, conviene contactar con un abogado especialista para valorar el caso, analizar los posibles daños y trazar la mejor estrategia legal.
Consulta información relacionada en «Cuando el cliente impone la estrategia, vulnera la autonomía del abogado«.
Referencias:
- Consejo General de la Abogacía Española, Libro Blanco, Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía. ↩︎
- Consejo General del Poder Judicial, Instrucción 2/2026 (28 de enero de 2026), sobre utilización de sistemas de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional. ↩︎
- TSJ de Canarias, Sala de lo Civil y Penal, Auto de 10 de febrero de 2026. ↩︎
- Art. 7.1 del Código Civil. ↩︎
- Arts. 553 y 554 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ↩︎
- TSJ de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia 2408/2026. ↩︎
- Art. 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ↩︎
- Arts. 390 y 250.1.7.º de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. ↩︎
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