Conozca las penas privativas de libertad que pueden sustituirse por la expulsión del territorio nacional.

La sustitución de la pena por expulsión.

Cuando un ciudadano extranjero es condenado vía judicial por la comisión de un delito, puede sustituirse la misma por su expulsión del territorio español.

Es importante disponer del asesoramiento de un abogado experto en derecho penal para estar bien informados.

La sustitución de las penas privativas de libertad para inmigrantes están reguladas en el artículo 89 del Código Penal.

Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.

Art. 89.1 Código Penal

Para imponer la expulsión de España, debe condenarse con sentencia firme a una pena de prisión superior a un año. Debemos tener en cuenta que el juez puede solicitar el cumplimiento de dos tercios de la pena, y su posterior expulsión para la restante.

Debemos tener en consideración que no procede la expulsión si el ciudadano extranjero se encuentra arraigado en el territorio nacional o la medida de expulsión resulta desproporcionada.

¿Qué ocurre si la condena es por varios delitos?

Si el condenado lo es por uno o varios delitos con penas que superan los cinco años de privación de libertad, se puede acordar su cumplimiento íntegro o de una parte de las mismas. Las penas restantes por cumplir pueden sustituirse por la expulsión.

Si se trata de un ciudadano de la Unión Europea, la expulsión sólo tiene lugar cuando suponga una grave amenaza para el orden o seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias y gravedad del delito, antecedentes penales y situación personal.

Debemos recordar que existen otras situaciones en que la pena privativa de libertad puede suspenderse en vez de sustituirse por la expulsión.


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