De la inadmisión liminar a la desestimación temprana: frenos al pleito artificial y al uso instrumental de la justicia
El sistema judicial existe para resolver conflictos legítimos. Además, debe proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hoy en día, observamos un preocupante aumento de la instrumentalización de los tribunales con fines espurios. Este fenómeno desvirtúa por completo el verdadero propósito de la justicia. Quienes actúan de mala fe utilizan las demandas como armas de desgaste personal y/o económico. Lo hacen con total independencia de la viabilidad legal de sus pretensiones.
En consecuencia, el ordenamiento jurídico español y europeo despliegan mecanismos de defensa. Las acciones judiciales abusivas o temerarias requieren una dura respuesta legal. El objetivo prioritario radica en proteger a las víctimas de estos ataques. De este modo, resulta vital salvaguardar los recursos públicos de una Administración de Justicia ya de por sí saturada y lenta.
Sumario:
- ¿Qué es el lawfare y cómo impacta en la justicia?
- La Directiva Anti-SLAPP frente a las demandas estratégicas
- El pleito artificial en la jurisdicción civil
- Límites judiciales frente al abuso procesal
- Inadmisión de querella y sobreseimiento libre de denuncia
¿Qué es el lawfare y cómo impacta en la justicia?
El término "lawfare" apareció ya en 1975 por los humanitaristas australianos John Carlson and Neville Yeomans Su significado, grosso modo, es el de "guerra judicial"; y se basa en cierta medida en la utilización de la ley y los procedimientos legales como herramientas de desgaste contra un adversario. En España es un término relativamente novedoso y aún sin regulación legal. Pese a ello, socialmente es una terminología actualmente conocida, reconocida y aceptada.
La búsqueda de la verdad se ve reemplazada por la clasificación de los problemas y el perfeccionamiento del combate. La guerra jurídica sustituye a la guerra y el duelo se libra con palabras en lugar de espadas.
Carlson, J., & Yeomans, N. (1975). "Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity".
A nivel estrictamente jurídico, nuestro ordenamiento exige que todo derecho se ejerza bajo las más estrictas exigencias de la buena fe. Y es que la ley prohíbe literalmente el abuso de derecho y el ejercicio antisocial del mismo1. De igual modo, los abogados están sujetos al código deontológico. Deben evaluar con rigor la viabilidad real de los asuntos encomendados. Les corresponde como letrados disuadir activamente a sus clientes de iniciar litigios infundados. Además, tienen prohibido desviar los procedimientos de su legítimo fin de justicia. La defensa técnica de intereses de los clientes nunca justifica el uso fraudulento o abusivo de los tribunales. Por desgracia, si el lawfare ocurre, significa que no todo el mundo actúa con los mismos criterios de profesionalidad.
De este modo, los juzgados y tribunales ostentan el deber ineludible de filtrar y rechazar de forma fundamentada las demandas, denuncias o cualquier tipo de procedimiento judicial infundado2. Y es que toda pretensión formulada con manifiesto abuso de derecho debe ser neutralizada desde su origen procesal. En este sentido, la normativa exige rechazar peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con abuso de derecho o fraude de ley o procesal. Ello, velando por el principio de tutela efectiva.
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La Directiva Anti-SLAPP frente a las demandas estratégicas
La Directiva anti-SLAPP (UE) 2024/10693 define las demandas anti-SLAPP como acciones judiciales destinadas a silenciar o intimidar la participación pública mediante el acoso procesal en los tribunales. Frente a este abuso, la norma europea articula un escudo legal inmediato para los tribunales. Las conocidas como "Demandas Estratégicas contra la Participación Pública" ("Strategic Lawsuits Against Public Participation" - SLAPP) atacan frontalmente a periodistas y activistas. Estas acciones judiciales abusivas buscan silenciar la crítica e información mediante la asfixia financiera y judicial de los demandados.
El marco europeo combate estos litigios con costas procesales totales, fianzas preventivas y sanciones frente a la mala fe procesal. En sintonía con estas pautas, el Gobierno de España prepara la transposición legislativa de la directiva europea. Ésta una vez quede incorporada en el ordenamiento jurídico español, será directamente aplicable y facilitará a los tribunales la desestimación temprana de pleitos abusivos destinados a intimidar a voces críticas.4.
En España no solo la justicia es lenta. El Gobierno y el poder legislativo también lo son. Por ello, pese a que la propia directiva de abril de 2024 fija el plazo máximo de transposición a 7 de mayo de 2026, aún no se ha transpuesto. Como el Estado no puede beneficiarse de su propio incumplimiento cuanto a la falta de transposición, pasado el plazo máximo fijado por la norma europea, la misma puede invocarse por cualquier ciudadano en virtud de la doctrina del efecto directo del Derecho de la Unión Europea.
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El pleito artificial en la jurisdicción civil
El concepto jurisprudencial de pleito artificial hace referencia al hecho de interponer una demanda judicial con otra finalidad que la expresada en la misma. En el caso jurisprudencial que analizo, la finalidad fue la de dividir de manera innecesaria, artificiosa e injustificada las acciones legales derivadas de un mismo contrato, presentando múltiples demandas separadas para generar un sobrecoste en costas judiciales. Ello cuando todas las pretensiones podrían haberse acumulado perfectamente en un único procedimiento judicial. La finalidad en este caso, además de ganar el pleito, era generar innecesariamente un sobrecoste al demandado, al no poner todas las pretensiones en una sola demanda.
Sin una disputa real que justifique esta multiplicación de litigios, el acceso a la jurisdicción pierde su verdadera función y se convierte en un simple pretexto, o uso instrumental de la pretensión, para inflar costas procesales y obtener un lucro económico indebido. Ante esta maniobra desleal, el Tribunal Supremo (TS) reacciona frenando de raíz este abuso del servicio público de Justicia.
"La estrategia procesal consiste en dar lugar al mayor número de procedimientos judiciales posible, con claro abuso del servicio público de la justicia.
La Sentencia del Tribunal Supremo 1599/20265 aborda magistralmente este escenario dentro de la litigación en masa bancaria. Esta resolución es fundamental porque acuña formalmente los conceptos de "uso instrumental de la pretensión" y "pleito artificial". El caso trata sobre un consumidor que interpuso simultáneamente varias demandas separadas sobre distintas cláusulas de un mismo contrato. Su objetivo exclusivo consistía en cobrar múltiples costas procesales.
"Como puede observarse, estamos ante un llamado uso instrumental de la pretensión. No se interpone la demanda para solucionar un conflicto [...] ningún estado previo de confrontación había entre las partes litigantes. Estamos ante un pleito artificial."
De esta sentencia deducimos a nivel legal que dividir reclamaciones de forma artificiosa para duplicar costes constituye un claro abuso del sistema judicial. La relevancia de esta resolución radica en que permite a los jueces excepcionar la regla general de imposición de costas procesales por principio de vencimiento, si aprecian mala fe procesal y temeridad. Así pues, ganar un pleito no garantiza siempre ganar las costas judiciales6.
"La buena fe procesal ha sido definida como la bondad, rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar dentro del proceso. Es posible el abuso del derecho en el ámbito procesal cuando, dentro de los límites formales de un derecho o expectativa procesal reconocido en una norma, hay una violación de los valores contenidos en ella o de las finalidades de la institución procesal de la que se pretende abusar, con la voluntad de conseguir efectos u objetivos adiciona".
A resumidas cuentas, el TS precisa que el pleito artificial no conlleva la inadmisión de la demanda, pero desactiva su fin lucrativo al denegar las costas al vencedor de la pretensión y condenarlo en costas si recurre.
Límites judiciales frente al abuso procesal
Es importante destacar que el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva impide rechazar demandas de forma discrecional o por meras sospechas iniciales de abuso procesal. La inadmisión a trámite en el orden civil es una medida excepcional que solo procede por las causas formales expresamente tasadas en la ley. De este modo, se garantiza el acceso a la justicia y se reserva el castigo de la mala fe procesal para la resolución final, evitando un cierre prematuro e injustificado del procedimiento.
El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 595/2026 establece los límites exactos de la inadmisión inicial o liminar en el orden civil. Esta resolución es crucial porque protege el acceso de los ciudadanos al proceso frente a interpretaciones excesivamente restrictivas. El asunto trata sobre un juzgado de primera instancia que se negó a tramitar un juicio monitorio. Argumentó que reclamar intereses moratorios tras una cesión de crédito constituía un abuso procesal intolerable7.
"El Juzgador a quo en dicha resolución se apartó del procedimiento adecuado para inadmitir la demanda, pues únicamente se puede inadmitir cuando de la documentación aportada no se reúnen los requisitos exigidos"
La Audiencia revoca dicha decisión inicial. Por lo tanto, subraya que formular pretensiones discutibles no equivale a actuar de mala fe. De este auto deducimos legalmente que un juez no puede bloquear el acceso a la jurisdicción basándose en sospechas genéricas de litigación abusiva lawfare.
"...solo permite el rechazar fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, pero la interposición de una demanda no se puede considerar una actuación abusiva o fraude de ley, cuando está ejercitando un derecho constitucional como es la tutela judicial efectiva."
En este sentido, los tribunales deben tramitar la causa ineludiblemente garantizando los derechos constitucionales8. El artículo 24 de la Constitución protege el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que impide a los jueces inadmitir demandas de entrada por meras sospechas de abuso procesal.
En definitiva, aunque una demanda muestre indicios de SLAPP o lawfare, los tribunales no pueden inadmitirla de plano al interponerse, ya que vulneraría el derecho fundamental de acceso a la justicia. El freno a este abuso procesal no permite cerrar prematuramente el juzgado, sino que el procedimiento judicial debe tramitarse y sancionarse en la resolución final.
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Inadmisión de querella y sobreseimiento libre de denuncia
En el ámbito penal, la inadmisión a trámite de la querella actúa como un filtro jurisdiccional esencial cuando los hechos relatados no son constitutivos de delito. De manera análoga, el ordenamiento exige dictar el sobreseimiento libre frente a denuncias infundadas si se constata de plano la atipicidad de la conducta o la inexistencia del hecho delictivo. Estos mecanismos procesales impiden que el sistema sea instrumentalizado para someter a la víctima a la "pena de banquillo" y al severo desgaste reputacional de una imputación injustificada. Con ello, los juzgados y tribunales cortan de raíz el uso fraudulento de la justicia como herramienta de acoso y blindan la jurisdicción frente a querellantes temerarios.
El Auto del Tribunal Supremo 5/2026 ejemplifica perfectamente la férrea barrera de contención de la jurisdicción penal. Esta resolución judicial es de suma relevancia porque reafirma el deber ineludible de frenar investigaciones prospectivas basadas en narraciones absurdas o inverosímiles sin sustento probatorio. Al impedir estas causas abiertas sin indicios concretos, se evita generar un grave chilling effect (efecto intimidatorio) sobre los afectados. La resolución del TS trata sobre el rechazo directo de una querella masiva, ininteligible y carente de pruebas. Dicha querella se dirigía contra decenas de jueces por supuestas conspiraciones prevaricaciones y lawfare que resultaron infundados9.
"El relato fáctico se presenta, por tanto, de manera imprecisa y fragmentaria, sin describir con la necesaria claridad las concretas conductas que se reputan constitutivas de infracción penal, incurriendo en afirmaciones genéricas que no permiten identificar la conducta concreta que se considera constitutiva de delito." [...] "Tal insuficiencia en la exposición de los hechos impide apreciar la concurrencia de indicios mínimamente consistentes que justifiquen la apertura del proceso penal..."
Consulta otra información relacionada en "El anonimato de las fuentes periodísticas".
El archivo penal como garantía frente al fraude
La jurisprudencia penal es clara frente a las acciones legales de desgaste. A nivel legal, de este Auto del Tribunal Supremo deducimos que el derecho a la jurisdicción queda plenamente satisfecho con una resolución motivada de archivo preliminar. En consecuencia, los tribunales penales están obligados a decretar el sobreseimiento libre de la denuncia o la inadmisión liminar de la querella cuando los hechos no constituyan delito10.
"...la presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal, sino que es precisa una inicial valoración jurídica de la misma que debe hacerse en función de sus propios términos, de manera que si los hechos contenidos en ella, tal y como se describen o afirman, no son delictivos, procede su inadmisión a trámite sin más..."
Esta barrera procesal resulta vital para evitar juicios de banquillo injustificados. Paralelamente, desarma intentos criminales de consumar una estafa procesal mediante el burdo engaño a los jueces instructores11. Este delito se comete cuando el denunciante o querellante manipula pruebas o formula alegaciones o acusaciones falsas. El objetivo que se persigue es provocar el error en el juez o jueza y lograr que se dicte una resolución judicial injusta contra el investigado.
Afrontar con éxito una situación de acoso judicial persistente o estructurar una defensa sólida ante litigios manifiestamente infundados exige contar con un asesoramiento legal preventivo y altamente especializado; por ello, si usted sufre las consecuencias de estas prácticas procesales desleales, le invitamos a contactar con un abogado experto en derecho civil y penal para valorar rigurosamente su caso y trazar la estrategia procesal más eficaz.
Referencias:
- Arts. 6 y 7 del Código Civil. ↩︎
- Art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ↩︎
- Directiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024. ↩︎
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Noticia (14/04/2026), El Gobierno impulsa el mandato europeo de transposición de la Directiva anti-SLAPP. ↩︎
- Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 1599/2026. ↩︎
- Arts. 247, 394 y 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ↩︎
- Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13, Auto 595/2026. ↩︎
- Art. 24 de la Constitución Española. ↩︎
- Tribunal Supremo, Sala Especial, Auto 5/2026. ↩︎
- Arts. 269, 313 y 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ↩︎
- Art. 250 del Código Penal. ↩︎
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